Finlandia será el tercer país europeo en quedarse sin gas ruso, días después de presentar formalmente su pedido de incorporación a la OTAN y después de que se negara a pagar el combustible en rublos.
La compañía energética estatal Gasum dijo que la rusa Gazprom le advirtió que los flujos a través de un oleoducto principal serán interrumpidos en las primeras horas de este sábado.
El Kremlin ya ha tomado medidas similares con Polonia y Bulgaria en abril argumentando la misma razón. El gas ruso representa solamente el 5% del consumo de Finlandia, por lo que se espera que el corte tenga un impacto menor en su economía.
Sin embargo, se trata de otra muestra de Vladimir Putin en su escalada contra la Unión Europea y la OTAN, en el marco de la invasión que lanzó sobre Ucrania y que ha generado un quiebre radical en la relación de Moscú con Occidente.
La disputa por la energía entre Europa y Rusia crece a medida que se acercan los plazos de pago, que Putin pretende que se realice en rublos para fortalecer su moneda, algo que la UE ha aconsejado a los estados miembros que eviten hacer.
En otro orden, el Ejecutivo finlandés está preparando con carácter de urgencia una serie de reformas legales que le permitan hacer frente a una eventual crisis migratoria.
Este jueves, el Ministerio de Interior remitió un proyecto de enmienda a la Ley de la Guardia Fronteriza, cuyo objetivo es combatir las “actividades de influencia híbrida” por parte de Moscú, entre ellas el posible envío de miles de solicitantes de asilo a la frontera común, según un comunicado oficial.
Entre otras modificaciones, la enmienda incluye la posibilidad de prohibir temporalmente el derecho a permanecer y circular en áreas próximas a la frontera en circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de afluencia masiva de inmigrantes.
Asimismo, la recepción de solicitudes de asilo podría centralizarse en algunos puntos concretos de la frontera entre Finlandia y Rusia, lo que supondría el cierre del resto de cruces fronterizos a los refugiados.
También se incluye una disposición legal para permitir la construcción de vallas y otro tipo de barreras en la frontera para aumentar la seguridad fronteriza, aunque el Gobierno aún no tomado ninguna decisión al respecto.
Dada la gran extensión de la frontera entre Finlandia y Rusia (1.340 kilómetros), en la práctica sólo se reforzarían las zonas próximas a los pasos fronterizos más utilizados y otras áreas consideradas vulnerables.
