El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene 37 años, fue creado por decreto presidencial el 25 de enero de 1983, posee personalidad jurídica y patrimonio propios y es el responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.
Gracias a este organismo es posible conocer el número de habitantes de México, las condiciones en que vive, así como elaborar los índices nacionales de precios al consumidor, etc. Los resultados que el INEGI obtiene marcan la pauta para la adopción de nuevas estrategias y medidas en materia política, social y económica.
El contar con esta información le permite al gobierno formular las normas sobre los aspectos económicos, de pobreza, empleo, capacitación y desarrollo de la sociedad mexicana. Elementos indispensables para tomar decisiones, definir las políticas y normas operativas para la prevención y planeación del sector público, social y privado de nuestro país. La organización del censo que actualmente realiza el INEGI casa por casa, requirió de la estructuración de todo un sistema que contempla desde la sensibilización de la población hasta el procesamiento de la información, así como la movilización e instrucción de los responsables de la distribución, control y aplicación de los cuestionarios.
La información que arroje el censo 2020, será un elemento valioso para ubicar y definir con precisión la importancia y las condiciones socioeconómicas de la población económicamente activa, de sus dependientes, así como prever el alcance de su conducta en el contexto social, cultural y económico del país. En última instancia la aplicación de las medidas que de estos estudios se deriven, habrá de promover el mejoramiento de los servicios que presta el Estado y aun tener un efecto positivo en la esencia misma de la acción pública en beneficio del progreso nacional, y también coadyuvarán al desarrollo económico, social y cultural.
En México, las atribuciones que la acción legislativa ha conferido al Estado, han ampliado el campo de acción del poder público e incrementado su participación en renglones que propician el desarrollo económico y social del país, y con ello también se ha hecho más compleja la administración pública y el manejo de los instrumentos de los que esta se auxilia. En la medida que el Estado ha adoptado métodos tecnológicos modernos para intensificar el desarrollo, se ha hecho indispensable contar con personal profesional y técnicamente calificado que se ocupe de las tareas especializadas que realizan los órganos gubernamentales; a su vez, la administración de ese personal ha requerido de la actualización de los sistemas aplicados para su organización y rendimiento óptimo, sin perder de vista la adopción de medidas de tipo social que beneficien a los más pobres y marginados del país.
Con los resultados del censo 2020, los tres niveles de gobierno, tendrán las herramientas para la discusión de nuestros problemas económicos comunes, que examinen objetivos y estrategias tanto nacionales, regionales y sectoriales, que sugieran nuevos rumbos de acción; también se podrán diseñar mecanismos para convertir nuestros recursos en esfuerzos colectivos, como iniciativa que representa una toma de conciencia sobre la necesidad de sustentar las posiciones sociales en torno a los múltiples y difíciles problemas económicos, de salud, empleo, educación seguridad pública, entre otros, y proceder a ejecutar oportunidades de cooperación a través de mecanismos de acción que traduzcan en hechos reales el objetivo de lograr la transformación social que añora y exige la población mexicana.
Los objetivos trazados por el presidente LÓPEZ OBRADOR, no son tarea fácil, puesto que implican la transformación básica de políticas y de pautas de desarrollo económico del país, con nuevas perspectivas de progreso, que transformen las estrategias de desarrollo nacional y articulen orgánicamente los planteamientos de integración, con el propósito de reforzar las agrupaciones regionales y mejorar la posición económica de sus moradores. Sin embargo, es lamentable que la población mexicana siga dividida y confrontada como en el pasado, la intolerancia se impone, avanza la ofensa, se pierden los valores, se carece de civismo y así no se puede avanzar como se quisiera.
Tampoco es ético que MORENA y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaran reformas que favorecen la reelección de los actuales diputados y senadores, quienes podrán hacer campaña sin dejar su curul, promoverse abiertamente y permanecer con ello en esos cargos hasta el 2030, mientras que los Senadores se podrán reelegir por dos periodos de seis años.
Estas reformas fueron realizadas en tiempos donde diversos sectores políticos, sociales y empresariales están abocados y distraídos en prevenir y enfrentar la pandemia del coronavirus, así como resolver el grave problema de la economía que afectará fuentes de empleo, los bolsillos familiares y limitará el crecimiento económico. No es posible que algunas propuestas que son determinantes para la democracia del país, se tomen al vapor y desnuden la ambición que tienen algunos por mantener el poder.
La pobreza mental, así como la económica como instrumentos de acción regional, y las manifiestas resistencias para alterar decisiones individuales por formulas apropiadas y conjuntas, serían inexplicables si no cuentan con el apoyo necesario para emprender reformas profundas y crear sistemas conjuntos de programación. Las políticas nacionales de desarrollo, en una perspectiva histórica adecuada, consisten en imprimir transformaciones estructurales o institucionales. Este objetivo exige la alteración de situaciones aceptadas y el desafío a intereses creados a escala interna. La viabilidad de instrumentar eficazmente estas políticas depende, por tanto, de situaciones internas del país y de la libertad de maniobra de alterar sus vinculaciones de tipo externo y la confianza ciudadana.
El Presidente de la República, apoyado por Gobernadores, Alcaldes, Legisladores, Sectores Productivos y Sociales, entre otros, tiene la encomienda de desarrollar políticas que impulsen al campo, la industrial, educacional, salud, seguridad, etc. Así como la de las vinculaciones externas como algunas de las reorientaciones básicas que exigiría una política nacional de desarrollo y de la posibilidad de una administración que sepa movilizar esfuerzos nacionales y deliberados para encontrar fuentes alternativas de comercio, salud, asistencia técnica, formación de recursos humanos, creación de centros culturales y una vinculación mayor de los amplios espacios de recreación y convivencia social.
La política de desarrollo del actual gobierno, debe basarse en los sectores empresariales progresistas y en los sectores populares urbanos y rurales. Los problemas a enfrentar por la pandemia del coronavirus y la guerra Económica y Comercial de grandes potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y países productores de petróleo, son complejos y difíciles de superar, esto, entre otras cosas, le pegan al crecimiento económico de nuestro país. La tarea por emprender no solamente es del Presidente de la República si no que es tarea de todos, haciendo a un lado colores partidistas, religión e ideologías.
Es preciso que estemos unidos para no ser aplastados por la pandemia del coronavirus, por los problemas económicos, por el crimen organizado y la pobreza. Cuando más numerosa sea la participación social, mayor será la seguridad y el rumbo a tomar. El sentimiento de solidaridad es una consecuencia de la necesidad de la defensa de apoyo mutuo, y esta no puede perderse, mucho menos dividirnos cuando nos gana la pasión y se impone la intolerancia.
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