La iniciativa de ley sobre la “Reforma Electoral” que mandó el presidente, LÓPEZ OBRADOR, a La Cámara de Diputados, se encuentra en manos del poder legislativo, donde las diversas fracciones parlamentarias deberán debatir en torno al tema revisando con responsabilidad todo lo positivo o negativo de dicha reforma con la finalidad de mejorar la vida democrática de México y sus instituciones.
El presidente AMLO, los partidos políticos y otros involucrados (sin importar color o ideologías partidistas) deberán escuchar y dar seguimiento a los pronunciamientos que se viertan en La Cámara Legislativa sobre una reforma que enciende ánimos, divide opiniones y afecta a grandes intereses político-económicos.
Para el presidente de la república esta reforma responde a las exigencias de antaño de la ciudadanía y permitirá acabar con la manipulación y los altos costos económicos que genera el tema electoral. Mientras que para los dirigentes de los partidos de oposición a MORENA es simplemente un tiro cantado y por ello lucharán para impedir su aprobación.
Los Diputados y Senadores están obligados a conducir los cambios en La Constitución, aquellos que verdaderamente interesen y beneficien al pueblo que representan y NO cediendo ante presiones políticas de corto plazo para hacer cambios sin la adecuada preparación, sustento, reflexión y previsión de tiempos. La urgencia no debe ser marcada por el presidente de la república, mucho menos por los intereses que se refugian en los partidos de oposición, la debe marcar la sociedad y la convicción de los representantes populares (que por cierto dejan mucho que desear) que permitan analizar y en su caso aprobar o desechar esta ley.
La reforma electoral contempla, entre otras cosas, desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional Electoral y Consulta (INEC), disminuir las candidaturas plurinominales, reducir de 500 a 300 el número de diputados federales y 96 senadores de 128, también disminuir de 11 a 7 los consejeros electorales, federalizar las elecciones desapareciendo los Institutos Estatales Electorales y reducir el financiamiento público de los partidos políticos.
La lucha por la democracia sigue enfrentando dificultades, riesgos y conflictos. El México de hoy demanda un auténtico ejercicio de libertad política; nuevas y mejores modalidades de conciliación, consulta y negociación; formas benéficas de encuentro entre los grupos, entre las regiones, los poderes, el ciudadano y el Estado. Una cultura de ley, de respeto, tolerancia, de autocrítica, de cambio con claridad histórica.
Como recordatorio: En México no hace mucho que las casillas electorales se integraban con los primeros cinco ciudadanos que llegaban a votar, generando con ello toda clase de contrariedades e incertidumbre; además los organismos electorales no incluían partidos políticos; no existía el Registro Nacional de Electores y no había prerrogativas ni seguridades para las organizaciones políticas nacionales o regionales. No hace mucho que los partidos políticos con ideologías radicales estaban prohibidos por la ley, su acción no era política, era delito. Con la reforma electoral de 1977 se incorporaron a la Cámara de Diputados los primeros legisladores de partidos minoritarios. Sin embargo, la buena política desmereció. Surgieron partidos paleros, caros, antidemocráticos o bisagras; las candidaturas plurinominales a Diputados, Senadores y Regidores se convirtieron en lucrativos negocios familiares, de socios y compadres.
La democracia electoral mexicana es, como el resto del mundo, un proceso inacabado, en evolución, con perspectivas abiertas por la voluntad de las mayorías y con capacidad de adaptarse al cambio que su propia acción genera. Ya no se puede ver la democracia como un estado final de las cosas, ya que es un proceso dinámico pero no inevitable, un acto de voluntad y perseverancia donde hay que impulsar lo bueno y rechazar lo malo.
Las instituciones democráticas deben ser reinventadas a diario por los ciudadanos, grupos y sectores. Deben sujetarse a la lucha cotidiana contra el ritual y la rigidez, entre la dinámica de cambio y el riesgo de la dispersión ante intereses de grupos que dicen ser democráticos cuando realmente no lo son. Bienvenidos los cambios con responsabilidad y justicia democrática, esa que beneficie al pueblo y no a personajes que viven de ser trapacistas del poder político y de sus instituciones disque democráticas.
