Panelistas precisaron que uno de los retos de cara al proceso electoral 2024 son las acciones afirmativas y se pronunciaron por fortalecer las medidas necesarias para que los grupos en desventaja puedan acceder a los cargos de elección en condiciones de igualdad y alcancen una representación política real y efectiva.
Durante el desarrollo de la Mesa Uno, dedicada a las acciones afirmativas en el Diálogo Regional entre Legislaturas y Magistraturas Electorales Locales de Cara al Proceso Electoral 2024, se subrayó la necesidad de fortalecer las acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, así como para las personas indígenas, migrantes, con discapacidad y LGBTIQ+.
Desde la perspectiva política la diputada de Morena Almendra Ernestina Negrete Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso de Sinaloa, lamentó que el camino de la legitimación ha sido largo al destacar que en el partido que la postuló la igualdad es real.
“Soy acción afirmativa de Morena y somos el único partido que, desde que nació, tiene una Secretaría de la Diversidad Sexual que permite hacer incidencia política”, apuntó.
“En México solamente llegamos dos personas LGBT´s por mayoría relativa y somos diputados, que es (Marco Antonio) Temístocles Villanueva Ramos en el Congreso de la Ciudad de México y su servidora aquí presente”, comentó.
Criticó que existe un falso discurso de inclusión en los tribunales y enfatizó que los avances se han dado a golpe de sentencia, al exponer que se estigmatiza e invisibiliza, y lo que deben hacer los tribunales es garantizar la participación política electoral de la comunidad LGBT porque sin diversidad no puede existir democracia.
El diputado de Morena Bernabé Aguilar Carrillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Durango, lamentó que ha sido una difícil batalla para que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios y el avance ha sido lento por la complejidad de las acciones afirmativas interculturales.
Tras lamentar que persiste la discriminación, señaló que se ha logrado avanzar gracias a los tribunales y los acuerdos para que los partidos estén obligados a postular a las personas indígenas, como en su caso que se presentó una fórmula indígena en la cuarta posición en representación proporcional, aunque el acuerdo había sido la segunda posición.
“Falta mucho por avanzar para el pleno reconocimiento de los derechos y los Congresos locales deben crear leyes que tengan que ver con estos temas para garantizar la participación y representación de personas indígenas en el proceso electoral 2024”, asentó.
Desde la perspectiva juzgadora, la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL), subrayó que la igualdad es un aspecto fundamental en la democracia.
Aseveró que los estados modernos deben entenderse como entidades plurales con ciudadanos iguales con interpretaciones y concepciones distintas del mundo, al ponderar el valor del diálogo celebrado en el Congreso del Estado de Sinaloa que reúne en un ejercicio inédito a quienes legislan y a quienes aplican las leyes.
Ponderó el papel de los tribunales electorales locales en la construcción de una justicia electoral inclusiva, quienes de acuerdo a sus competencias han emitido sentencias y acuerdos a favor de la igualdad, lo que dio como resultado que en 2021 el Instituto Nacional Electoral diseñara acciones afirmativas para la postulación de candidaturas por acciones afirmativas.
Por su parte, la magistrada Sara Flores de la Peña, presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Sur, reconoció que en pleno siglo XXI la realidad dista mucho de la utopía normativa.
Por lo tanto, consideró que los obstáculos que presentan los grupos en situación de vulnerabilidad deben ser derrotados a través de medidas agresivas y determinantes para que puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos.
Recordó que las acciones afirmativas fueron establecidas para revertir cualquier desigualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales como medidas temporales para remediar una situación de injusticia para un sector determinado.
“Fueron establecidas para compensar la desventaja histórica a la que se han enfrentado diversos grupos vulnerables en México”, explicó.
En su función de relatora, Gloria Esparza Rodarte, Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, sintetizó a manera de conclusión que debe permanecer el esfuerzo normativo para generar políticas integrales de inclusión y garantizar la igualdad.